Las Farc son una empresa multinacional del narcotráfico: según afirmó Fernando Londoño el viernes pasado en El Tiempo, con base en informaciones suministradas por el mencionado ministro, en uno solo de sus negocios, el narcotráfico, “ganan cada año, producto de la venta de 200 toneladas métricas de cocaína, la friolera de 3.500 millones de dólares, que traducidos a pesos montan seis billones […] que triplican las utilidades del Grupo Aval, con 60.000 trabajadores […] que tienen seis veces las utilidades del Banco de Colombia, para el que trabajan 19.000 personas. Bavaria gana otro billón de pesos, con 12.000 trabajadores” etc. Todo esto sin tener que pagar prestaciones, pensiones, festivos y salud a sus combatientes. Lo anterior, sin contar con el nuevo negocio de la minería ilegal, o la extorsión. Como un punto de la agenda es el narcotráfico, Santos ‘negociará’ con la guerrilla la legalización de la inmensa fortuna que tiene en el exterior y en el país y deberá ofrecerles una entrada por lo menos tan rentable como el del tráfico de narcóticos, para que lo abandonen; y tendrá que ‘legalizarles’ o comprarles sus minas de oro. Esto no ocurriría si se hubiese mantenido la política de seguridad de Uribe.
Tampoco se negociaría la ‘reforma agraria’ con una guerrilla, que dice representar a los campesinos, pero que es la mayor empresa terrateniente del país, pues se calcula que maneja 1.500.000 de hectáreas, fruto del despojo a los campesinos, de las que hasta ahora, en las demandas de la Ley de Tierras se les reclama 810.000; ni los medios capitalinos tenderían  un manto de silencio sobre las acciones criminales de esa guerrilla contra los niños de Pradera en la noche del Halloween o la masacre aleve contra seis policías en el norte del Cauca, con el fin de que la opinión no repudiase dichas acciones.
Tampoco tendríamos de ‘nuevo mejor amigo’ a Chávez, valedor de la guerrilla con la que comparte un proyecto ‘bolivariano’ marxista para Colombia, ni sería ‘garante’ de la ‘negociación’.